Un día la indignación de la gente va a transformar la realidad social, porque la impunidad y la corrupción se han convertido en el dato mas relevante de nuestro escenario político.
Ya no vasta con las denuncias de dirigentes y particulares, que el gobierno ignora con el pretexto de que son ataques subjetivos e interesados, impregnados de intenciones perversas y desestabilizadoras. Ahora la realidad de todos los días nos exhibe una enorme cantidad de hechos que involucran a funcionarios de los mas altos niveles oficiales, a dirigentes sindicales, a políticos vinculados al partido gobernante y a muchos amigos del poder.
Es obvio que ninguno de ellos tiene argumentos para responder a las denuncias, pero tampoco la justicia asume su rol de control frente a estos hechos que se reflejan en muchos medios de comunicación. El ex presidente Kirchner se ha burlado públicamente de muchos de estos casos, ha tergiversado la realidad en asuntos como el retorno de los fondos de Santa Cruz que él envió al exterior, ha descalificado a los denunciantes y ha promovido cambios en la justicia, permitiendo que muchas de estas causas abiertas fueran a parar a las manos de nuevos magistrados adictos al gobierno.
El cierre de la megacausa que involucra a importantes dirigentes sindicales es la prueba mas concreta de que la impunidad no tiene límites. El fallo de la Sala III de la Cámara de Casación Penal ha dispuesto el sobreseimiento de nueve dirigentes pertenecientes a la obra social del sindicato de los telefónicos, pero abre la posibilidad de que mas de trescientos cincuenta gremialistas involucrados en las denuncias queden también fuera de la causa.
Y lo que es peor es que el sobreseimiento no es porque han demostrado su inocencia, sino porque se ha hecho lugar a los planteos de nulidad hechos por los abogados de los sindicalistas y se ha resuelto cerrar la causa por haber prescripto. Todo un atropello porque lo que se denunció en su momento fue la utilización fraudulenta de fondos provenientes de un crédito de 300 millones de dólares destinados a las obras sociales sindicales.
Hubo demoras en la tramitación de la causa que se inició en el año 2000, pero también hubo cambio de calificación de los delitos -fue considerado como defraudación y no como peculado- todo un eufemismo para acortar los plazos de la prescripción. Lo grave es que todo esto involucra a dirigentes del máximo nivel sindical y también al propio ministro de trabajo del actual gobierno.
Ya no vasta con las denuncias de dirigentes y particulares, que el gobierno ignora con el pretexto de que son ataques subjetivos e interesados, impregnados de intenciones perversas y desestabilizadoras. Ahora la realidad de todos los días nos exhibe una enorme cantidad de hechos que involucran a funcionarios de los mas altos niveles oficiales, a dirigentes sindicales, a políticos vinculados al partido gobernante y a muchos amigos del poder.
Es obvio que ninguno de ellos tiene argumentos para responder a las denuncias, pero tampoco la justicia asume su rol de control frente a estos hechos que se reflejan en muchos medios de comunicación. El ex presidente Kirchner se ha burlado públicamente de muchos de estos casos, ha tergiversado la realidad en asuntos como el retorno de los fondos de Santa Cruz que él envió al exterior, ha descalificado a los denunciantes y ha promovido cambios en la justicia, permitiendo que muchas de estas causas abiertas fueran a parar a las manos de nuevos magistrados adictos al gobierno.
El cierre de la megacausa que involucra a importantes dirigentes sindicales es la prueba mas concreta de que la impunidad no tiene límites. El fallo de la Sala III de la Cámara de Casación Penal ha dispuesto el sobreseimiento de nueve dirigentes pertenecientes a la obra social del sindicato de los telefónicos, pero abre la posibilidad de que mas de trescientos cincuenta gremialistas involucrados en las denuncias queden también fuera de la causa.
Y lo que es peor es que el sobreseimiento no es porque han demostrado su inocencia, sino porque se ha hecho lugar a los planteos de nulidad hechos por los abogados de los sindicalistas y se ha resuelto cerrar la causa por haber prescripto. Todo un atropello porque lo que se denunció en su momento fue la utilización fraudulenta de fondos provenientes de un crédito de 300 millones de dólares destinados a las obras sociales sindicales.
Hubo demoras en la tramitación de la causa que se inició en el año 2000, pero también hubo cambio de calificación de los delitos -fue considerado como defraudación y no como peculado- todo un eufemismo para acortar los plazos de la prescripción. Lo grave es que todo esto involucra a dirigentes del máximo nivel sindical y también al propio ministro de trabajo del actual gobierno.
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